El gobierno del presidente Yamandú Orsi autorizó el uso de vehículos blindados militares donados por Estados Unidos para respaldar operativos de la Policía Nacional en zonas de alta incidencia delictiva de Montevideo. La decisión fue confirmada el 25 de junio de 2026 y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer las acciones contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos violentos.
La medida contempla la incorporación de blindados Mamba MK-7, entregados previamente al Ejército uruguayo mediante un programa de cooperación con Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, las unidades serán empleadas exclusivamente como apoyo a los operativos policiales y actuarán bajo la conducción del Ministerio del Interior, mientras que algunos vehículos serán operados por personal militar debido a la capacitación técnica requerida.
El gobierno explicó que los blindados se utilizarán en despliegues de alta intensidad en barrios donde las fuerzas de seguridad enfrentan mayores riesgos por la presencia de grupos criminales armados. Estos operativos buscan facilitar el ingreso de las corporaciones policiales, reforzar la protección del personal y mantener presencia del Estado en áreas con elevados niveles de violencia.
La decisión ha generado un debate político en Uruguay debido a la histórica separación entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las tareas de seguridad pública, establecida tras el retorno de la democracia en 1985. Mientras integrantes del oficialismo expresaron reservas sobre el impacto institucional de la medida, el presidente Orsi sostuvo que el objetivo es utilizar todos los recursos disponibles para enfrentar el crimen organizado y garantizar la seguridad de la población.
En contraste, dirigentes de la oposición respaldaron la iniciativa y recordaron que propuestas similares habían sido planteadas en administraciones anteriores. El Ejecutivo indicó que aún se afinan algunos aspectos jurídicos y operativos antes del inicio de los patrullajes, aunque reiteró que la decisión de incorporar los blindados al apoyo de las operaciones policiales ya fue tomada.
El despliegue ocurre en un contexto de creciente preocupación por la expansión del crimen organizado en Uruguay, particularmente por las actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y la violencia en algunos sectores de Montevideo. Las autoridades consideran que el empleo de estos vehículos permitirá reforzar la capacidad operativa de la Policía sin modificar el esquema de mando de las operaciones de seguridad pública.
