El llamado “Rolexgate” se ha convertido en uno de los episodios más delicados para el gobierno de Dina Boluarte, al pasar de un escándalo mediático a un conflicto judicial de alto impacto político. Lo que comenzó como cuestionamientos sobre el uso de relojes de lujo por parte de la presidenta derivó en acciones formales de la Fiscalía, incluyendo allanamientos y diligencias que colocan al Ejecutivo en una posición cada vez más frágil.
La controversia surgió cuando medios locales revelaron que Boluarte habría portado relojes de alto valor que no aparecían en sus declaraciones patrimoniales. Las dudas sobre el origen de estos artículos encendieron las alertas en un país marcado por décadas de escándalos de corrupción al más alto nivel. Ante la presión pública, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si existió enriquecimiento ilícito, omisión de información o recepción indebida de bienes.
El punto de inflexión llegó con las diligencias fiscales y los allanamientos, una señal clara de que el caso dejó de ser solo político para entrar de lleno al terreno penal. Este movimiento fue interpretado por diversos sectores como un mensaje de autonomía del Ministerio Público frente al poder presidencial, pero también como un factor que agudiza la inestabilidad institucional.
Más allá del expediente legal, el “Rolexgate” golpea a un gobierno que ya arrastraba un déficit severo de legitimidad. Dina Boluarte asumió la presidencia en medio de una crisis tras la destitución de Pedro Castillo y ha gobernado bajo la sombra de protestas sociales, denuncias por violaciones a derechos humanos y un amplio rechazo ciudadano. El escándalo de los relojes refuerza la percepción de desconexión entre la clase política y una población golpeada por la desigualdad y la violencia.
Desde la oposición y algunos analistas, el caso es visto como un símbolo del desgaste del Ejecutivo: mientras el país enfrenta problemas estructurales en seguridad, economía y gobernabilidad, la imagen presidencial queda atrapada en un debate sobre lujos, privilegios y opacidad. Para amplios sectores sociales, el mensaje es claro: la política sigue siendo sinónimo de abusos y falta de rendición de cuentas.
La presidenta, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que no cometió irregularidades, asegurando que colaborará con las investigaciones. Sin embargo, el avance del caso mantiene a su gobierno bajo un escrutinio constante y alimenta la narrativa de un Ejecutivo acorralado por la justicia y por la opinión pública.
En un país donde varios expresidentes han terminado investigados, procesados o encarcelados, el “Rolexgate” reaviva un fantasma conocido: la crisis permanente del poder en Perú. El desenlace del caso no solo definirá el futuro político de Boluarte, sino que también pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para investigar a la máxima autoridad del país sin presiones ni pactos de impunidad.
