El Partido Acción Nacional (PAN) presentó un plan integrado por 100 propuestas con las que busca modificar la política pública en distintos ámbitos del país, entre ellos la seguridad pública. El paquete plantea fortalecer las acciones contra el crimen organizado mediante un endurecimiento de las sanciones y la adopción de medidas inspiradas en la estrategia de seguridad implementada en El Salvador.
Entre las iniciativas dadas a conocer destacan cambios orientados a reforzar las capacidades del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales, incrementar las consecuencias legales para delitos de alto impacto y fortalecer los mecanismos de investigación y persecución penal. El partido señaló que el objetivo es reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos y mejorar las condiciones de seguridad.
Uno de los ejes que más atención concentró fue la referencia al modelo salvadoreño de combate a las pandillas y al crimen organizado. El PAN planteó analizar herramientas utilizadas en ese país que, a su consideración, podrían adaptarse al marco jurídico mexicano, aunque subrayó que cualquier modificación deberá realizarse conforme a la Constitución y a la legislación nacional.
El documento también contempla propuestas relacionadas con el fortalecimiento institucional, la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la modernización de las corporaciones encargadas de la seguridad pública. Asimismo, plantea revisar el marco normativo para endurecer las penas aplicables a integrantes de organizaciones criminales responsables de delitos de alto impacto.
La presentación del plan ocurre en un contexto en el que la seguridad continúa entre los principales temas de la agenda pública nacional. En los últimos años, diversos actores políticos han impulsado propuestas para modificar la estrategia de combate a la delincuencia organizada, mientras persiste el debate sobre los modelos más eficaces para enfrentar la violencia y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad.
Las 100 propuestas serán analizadas por el partido como parte de su agenda legislativa y de política pública. Su eventual implementación dependerá de los procesos legislativos correspondientes y de los consensos que puedan alcanzarse en los órganos de representación política.
