En medio de una escalada de violencia sin precedentes, el gobierno de Daniel Noboa llevó a las urnas una consulta popular con la que busca reforzar la estrategia de seguridad en Ecuador y contener el avance del crimen organizado.
El paquete de medidas sometido a votación incluye reformas clave, entre ellas permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos ligados a delitos graves, autorizar el patrullaje conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como endurecer las penas para delitos relacionados con el narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.
La consulta surge en un contexto marcado por motines carcelarios, ataques armados, extorsiones y asesinatos, fenómenos que han colocado a Ecuador como uno de los países más golpeados por la violencia en la región en los últimos años.
Desde el gobierno, la apuesta es clara: cerrar el paso a las mafias con herramientas legales más contundentes y enviar una señal de control del Estado frente a grupos criminales que han ganado territorio y poder. Para Noboa, el respaldo ciudadano resulta clave para legitimar una política de seguridad más estricta.
Sin embargo, el proceso también abrió debate.
Organizaciones civiles y sectores políticos han advertido sobre el riesgo de abusos, la militarización de la seguridad pública y el impacto en derechos humanos, mientras otros consideran que la situación actual exige decisiones firmes y urgentes.
La consulta popular no solo definirá el rumbo de la seguridad en Ecuador, sino que marcará un precedente regional sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos en su lucha contra el crimen organizado, con el aval directo de la ciudadanía.
