Nazario Ramírez, identificado como dirigente del Frente Transportista de Jalisco, fue vinculado junto con dos personas más tras un operativo federal en Guadalajara efectuado el pasado de 14 de octubre. La Fiscalía General de la República informó que los tres sujetos enfrentarán un proceso por posibles delitos relacionados con posesión de drogas con fines de venta -entre ellas metanfetamina, MDMA y marihuana- así como por la supuesta tenencia de armas y cartuchos catalogados para uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La detención se derivó de acciones coordinadas entre la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, SSPC, autoridades estatales y la FGR como parte de los trabajos para ubicar a generadores de violencia. Durante el cateo, las autoridades aseguraron armas cortas, cargadores, diversos dispositivos electrónicos, vehículos -incluyendo una unidad blindada- y dosis de sustancias ilícitas.
De acuerdo con declaraciones oficiales, Ramírez y los otros dos detenidos presuntamente operaban actividades de narcomenudeo y extorsión para el Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG, con presencia en Jalisco y Puebla. Con los elementos presentados por el Ministerio Público, un juez determinó prisión preventiva y un plazo de cuatro meses para continuar la investigación.
La figura pública de Nazario Ramírez llamó la atención debido a sus apariciones recurrentes en eventos políticos y sociales, donde se le observaba junto a funcionarios de distintos niveles de gobierno. Fotografías difundidas previamente en redes sociales lo mostraban en actos con alcaldes, legisladores y representantes públicos, aunque estas personas han negado tener una relación cercana con él tras su detención.
Investigaciones también señalaron su cercanía con Nallely López Hernández, entonces funcionaria de Bienestar en Puebla, quien recientemente renunció luego de que se conociera que se encontraba con él al momento de su captura. La funcionaria había sido cuestionada por exhibir un estilo de vida que no correspondía con su salario público.
A Ramírez también se le atribuyen gestiones en obras públicas, participación en actos comunitarios y actividades sindicales tanto en Jalisco como en su municipio de origen, Oriental, Puebla. No obstante, tras hacerse pública su detención, distintos actores políticos y sindicales han deslindado cualquier vínculo con él.
