La organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una advertencia directa sobre la situación institucional en Guatemala: el Ministerio Público (MP), encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, estaría incurriendo en una “persecución política” mediante el uso selectivo de investigaciones penales.
De acuerdo con HRW, la fiscalía ha enfocado sus acciones en actores vinculados al actual gobierno y a sectores reformistas, mientras deja en segundo plano la persecución de delitos de alto impacto como el crimen organizado, la corrupción estructural y las redes de impunidad que históricamente han debilitado al Estado guatemalteco.
La organización señala que esta práctica no solo deteriora la independencia judicial, sino que también contribuye a un clima de hostigamiento político y social, afectando a fiscales, jueces, periodistas, defensores de derechos humanos y exfuncionarios que han impulsado agendas anticorrupción en años recientes. HRW advierte que estas acciones envían un mensaje de intimidación que desalienta la participación cívica y el fortalecimiento democrático.
En su posicionamiento, Human Rights Watch subraya que el Ministerio Público debería priorizar investigaciones que atiendan las principales amenazas a la seguridad y al desarrollo del país, como las estructuras criminales que operan con altos niveles de infiltración institucional. Sin embargo, afirma que la fiscalía ha optado por un enfoque que politiza la justicia y profundiza la polarización social.
Este señalamiento se suma a una larga lista de críticas internacionales contra la gestión de Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y otros actores internacionales por presuntamente obstruir esfuerzos anticorrupción. A nivel interno, organizaciones civiles y sectores académicos han expresado preocupación por el debilitamiento del Estado de derecho.
El pronunciamiento de HRW ocurre en un contexto de tensión política constante, donde el nuevo gobierno enfrenta obstáculos institucionales para implementar su agenda, mientras amplios sectores de la sociedad demandan justicia imparcial y combate real a la corrupción.
Para analistas, la denuncia refuerza la percepción de que Guatemala atraviesa una crisis profunda en su sistema de procuración de justicia, con consecuencias directas en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática del país.
