Dos decomisos recientes volvieron a poner en primer plano la escala del mercado criminal del fentanilo en México. El 3 de marzo, fuerzas federales aseguraron 104 mil pastillas de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, abandonadas en una motocicleta sobre la carretera Culiacán-Mazatlán. Seis días después, en el balance oficial de la Operación Frontera Norte, el Gabinete de Seguridad reportó otro aseguramiento en Culiacán: 600 pastillas de fentanilo, además de armas, efectivo e inmuebles.
Lejos de ser episodios aislados, ambos golpes revelan la persistencia de una cadena criminal que no se explica únicamente por la capacidad operativa de los cárteles mexicanos, sino también por la facilidad con la que consiguen insumos en el extranjero. En el centro de esa cadena aparece China, señalada en la Comisión de Estupefacientes de la ONU por la debilidad de sus controles de exportación y por la laxitud con la que su industria química puede establecer relaciones con organizaciones criminales.
La gravedad del problema no radica solo en que los precursores “se fabrican por millones de toneladas” en China, sino en que esa capacidad industrial, combinada con supervisión insuficiente, abre una ventana ideal para que los cárteles mexicanos aseguren el abasto de sustancias esenciales para producir drogas sintéticas. Lo que muestran los decomisos en Sinaloa es el último eslabón visible de una cadena mucho más amplia: laboratorios clandestinos, redes de transporte, operadores financieros y distribuidores que se benefician de un mercado de insumos donde el control en origen sigue siendo débil.
En Culiacán, el aseguramiento de las 104 mil pastillas ocurrió después de que agentes detectaron a un hombre en motocicleta que huyó hacia campos agrícolas al advertir la presencia oficial. Dentro de una mochila sujeta al vehículo estaban las pastillas. El dato es revelador no solo por la cantidad, sino por la normalización logística del narcomercado: cargamentos móviles, rutas carreteras, puntos de escape y uso de vehículos robados o desechables para mover droga sintética lista para distribución.
El segundo aseguramiento, reportado el 9 de marzo dentro de la Operación Frontera Norte, confirma que el flujo no se ha interrumpido. En ese mismo reporte, el gobierno federal informó que desde el inicio de la operación ha decomisado 604.85 kilos de fentanilo, dentro de un universo de 128,828.6 kilos de droga asegurada. La dimensión del dato muestra que el problema no es un envío aislado ni una célula marginal: es una economía criminal sostenida por acceso continuo a insumos y capacidad para convertirlos en producto terminado.
Ahí es donde la falta de regulación china adquiere una dimensión estratégica para América Latina. Cuando las empresas químicas operan con controles insuficientes sobre ventas, exportaciones y verificación de clientes, los cárteles encuentran el entorno perfecto para abastecerse. Y cuando, además, no existe una fiscalización estricta sobre la comercialización de maquinaria útil para laboratorios clandestinos, ni un monitoreo realmente eficaz sobre transacciones financieras, monedas digitales y esquemas de pago opacos, la cadena criminal gana profundidad, resiliencia y alcance regional.
La discusión en Viena dejó expuesto ese punto. En la reunión de la ONU, se acusó a China de no detener con eficacia la venta de precursores químicos para el fentanilo y de permitir, mediante controles débiles y una aplicación laxa de la ley, que su industria química mantenga vínculos funcionales con los cárteles. Aunque Pekín rechazó las acusaciones, el choque diplomático no borró el dato central: el mercado ilegal de drogas sintéticas sigue encontrando en la falta de control chino una ventaja operativa clave.
Para los cárteles mexicanos, esa ventaja significa tiempo, dinero y capacidad de adaptación. Si el origen de los precursores permanece desregulado o escasamente supervisado, los grupos criminales pueden reemplazar proveedores, fragmentar cargamentos, triangular operaciones y mantener viva la producción aun cuando en territorio mexicano se decomisen pastillas, laboratorios o cargamentos. Cada incautación, así, golpea un tramo de la red, pero no necesariamente corta la fuente de suministro.
Sinaloa ofrece hoy una postal clara de esa dinámica. El estado atraviesa una etapa de violencia sostenida por la disputa entre facciones del crimen organizado, mientras al mismo tiempo siguen apareciendo cargamentos de fentanilo listos para circular. La coexistencia de guerra interna y continuidad del negocio demuestra que el mercado sintético tiene suficiente respaldo logístico para sobrevivir a capturas, operativos y reacomodos criminales.
El problema, por tanto, ya no puede leerse solo como un asunto de decomisos en México. Es también el reflejo de una falla en el punto de origen. Mientras China no endurezca de manera real la regulación de exportación de precursores, el control sobre empresas químicas, la venta de maquinaria de doble uso y la vigilancia de transacciones financieras y criptomonedas asociadas a estas redes, los cárteles mexicanos seguirán aprovechando esa brecha para sostener la producción de fentanilo.
Los dos decomisos de marzo en Sinaloa son una alerta concreta. Detrás de las pastillas aseguradas no hay únicamente operadores locales: hay una cadena internacional que empieza mucho antes de que la droga llegue a una carretera mexicana. Y en esa cadena, la permisividad regulatoria de China sigue siendo uno de los factores que más favorecen la expansión del negocio criminal en México y, por extensión, el deterioro de la seguridad en la región.
