El operativo “Riverside”, ejecutado el 23 de junio de 2026 por autoridades judiciales y policiales de Costa Rica, continúa generando repercusiones tras el desmantelamiento de una de las mayores estructuras de narcotráfico identificadas en el país. La acción permitió decenas de detenciones, el decomiso de bienes millonarios y la apertura de investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción institucional.
La operación movilizó a más de 1,500 agentes y funcionarios judiciales en cerca de 100 allanamientos simultáneos realizados en distintas regiones del país. Como resultado, fueron detenidas más de 50 personas presuntamente relacionadas con una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, así como a actividades de lavado de dinero y administración de activos obtenidos mediante operaciones ilícitas.
Entre los bienes asegurados figuran hoteles, restaurantes, propiedades turísticas, fincas ganaderas, gimnasios, maquinaria pesada, vehículos de lujo e infraestructura utilizada para las actividades de la organización. De acuerdo con las autoridades, el valor de los activos intervenidos supera los 22 millones de dólares, lo que ha convertido al componente patrimonial de la investigación en una de las principales líneas de trabajo posteriores al operativo.
Las indagatorias actuales buscan determinar la existencia de esquemas de lavado de dinero mediante empresas de los sectores turístico y ganadero, así como posibles transferencias de bienes a familiares, socios y presuntos prestanombres. También se revisan movimientos financieros relacionados con redes de narcotráfico que operaban entre Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.
De manera paralela, continúan las investigaciones sobre posibles actos de corrupción institucional que habrían facilitado las actividades de la organización. Las autoridades analizan presuntas filtraciones de información y mecanismos de apoyo que permitieron a la estructura mantener operaciones incluso después de la captura y extradición de algunos de sus principales integrantes.
El caso se desarrolla en un contexto marcado por el aumento de las actividades del narcotráfico en Costa Rica, país que se ha consolidado como una ruta estratégica para el tránsito de cocaína hacia mercados internacionales. Ante este escenario, las autoridades han señalado que afectar las finanzas de las organizaciones criminales resulta fundamental para limitar su capacidad operativa, reducir sus mecanismos de corrupción y dificultar su reorganización.
Especialistas en seguridad consideran que la estrategia aplicada en el caso “Riverside” forma parte de una tendencia observada en varios países de América Latina, donde las operaciones contra el crimen organizado incorporan investigaciones patrimoniales y financieras para rastrear recursos ilícitos, recuperar activos y evitar que las estructuras criminales reconstruyan rápidamente su capacidad después de los operativos policiales.
