El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su administración pondrá fin a las negociaciones con organizaciones armadas ilegales y eliminará la figura del Alto Comisionado para la Paz, como parte de una reestructuración institucional que entrará en vigor con el inicio de su mandato el próximo 7 de agosto. La decisión representa un cambio en la política de seguridad y en el manejo de los procesos de diálogo impulsados por el gobierno saliente.
El anuncio incluye la desaparición de la oficina encargada de conducir las conversaciones con grupos armados y la terminación de los mecanismos asociados a la política de “paz total”. De la Espriella afirmó que su gobierno no promoverá nuevos procesos de negociación bajo ese esquema y anticipó que las instituciones del Estado concentrarán sus esfuerzos en operaciones de seguridad y aplicación de la ley.
Como parte de esta estrategia, el mandatario electo también informó que se reactivarán las órdenes de captura vigentes contra integrantes de organizaciones armadas ilegales y se revisarán las medidas adoptadas durante los procesos de diálogo anteriores. El objetivo, según explicó, es fortalecer la acción de las autoridades frente a estructuras vinculadas con actividades como narcotráfico, extorsión y minería ilegal.
La decisión contrasta con la política desarrollada por el gobierno de Gustavo Petro, que durante su administración impulsó mesas de diálogo y espacios de negociación con diversos grupos armados. Hasta el cierre de ese gobierno continuaban procesos de conversación y mecanismos de transición con algunas organizaciones, cuyos avances fueron presentados oficialmente en junio de 2026.
Tras los anuncios del nuevo gobierno, entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 señalaron que dicho acuerdo mantiene protección constitucional y recordaron que sus compromisos constituyen una política de Estado. Al mismo tiempo, advirtieron que cualquier modificación a la institucionalidad deberá ajustarse al marco jurídico vigente.
El cambio de rumbo en la política de paz marca una de las principales diferencias entre la administración saliente y la entrante. Con ello, Colombia iniciará una nueva etapa en su estrategia frente a las organizaciones armadas ilegales, centrada en el fortalecimiento de las acciones de seguridad y el desmonte de los mecanismos creados para las negociaciones durante los últimos años.
