El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio, provocó un colapso político y de seguridad que aceleró la descomposición institucional del país. El magnicidio, perpetrado dentro de la residencia presidencial, expuso fallas graves en el aparato del Estado y abrió una investigación con ramificaciones internacionales.
Las autoridades confirmaron desde las primeras horas que el ataque fue ejecutado por un comando armado, integrado en su mayoría por exmilitares colombianos, además de ciudadanos haitianos y estadounidenses. El hecho obligó a la intervención de agencias extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Colombia, ante la sospecha de una conspiración planeada fuera del territorio haitiano.
A pesar de decenas de detenciones, enfrentamientos y procesos judiciales en distintos países, los autores intelectuales del crimen no han sido plenamente identificados. El caso ha avanzado de forma irregular, con cambios constantes de fiscales, denuncias de amenazas y falta de capacidad técnica en el sistema judicial haitiano. Para organismos internacionales, el proceso refleja los niveles de impunidad estructural que prevalecen en el país.
El asesinato de Moïse se dio en un contexto de alta tensión política. El presidente enfrentaba cuestionamientos por la duración de su mandato, acusaciones de corrupción y protestas sociales recurrentes. Su muerte dejó un vacío de poder, ya que Haití no contaba con un Parlamento en funciones ni con un esquema claro de sucesión constitucional.
El país se encuentra bajo el control de gobiernos interinos con legitimidad limitada, mientras las bandas armadas ampliaron su dominio territorial, especialmente en Puerto Príncipe. El incremento de secuestros, extorsiones y ataques armados consolidó a los grupos criminales como actores de facto, desplazando aún más a las autoridades formales.
La crisis se extendió al ámbito humanitario. Miles de personas fueron desplazadas por la violencia, se agravó la escasez de alimentos y combustibles, y hospitales y escuelas suspendieron actividades en varias zonas. Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que Haití entró en una fase crítica, con un Estado incapaz de garantizar seguridad básica.
