La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció el 14 de octubre de 2026 la ampliación de la lista de organizaciones consideradas narcoterroristas para incluir a seis cárteles mexicanos y tres agrupaciones colombianas. La decisión fue comunicada durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), como parte de las medidas del gobierno para enfrentar las operaciones del narcotráfico y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
Entre las organizaciones mexicanas señaladas se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La mandataria sostuvo que estas estructuras representan una amenaza para la seguridad regional debido a sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada transnacional.
La declaratoria también incorporó a tres organizaciones colombianas: las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Fernández explicó que la medida busca impedir la expansión de estas agrupaciones en territorio costarricense y reforzar la coordinación con otros países para combatir sus redes operativas y financieras.
Durante el anuncio, la presidenta vinculó la decisión con la política de seguridad de su administración y destacó la cooperación con Estados Unidos mediante iniciativas regionales contra el crimen organizado. La medida amplía una declaratoria impulsada durante el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, que había incluido a organizaciones como Hezbolá, Hamás, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los hutíes de Yemen.
El anuncio coincidió con la inauguración del CACCO, ubicado dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. El establecimiento cuenta con una capacidad proyectada para 5,100 personas privadas de libertad y fue diseñado tomando como referencia el sistema penitenciario de El Salvador. El gobierno costarricense plantea utilizar esta infraestructura para mantener bajo condiciones de máxima seguridad a integrantes de organizaciones criminales.
La decisión se produce en un contexto de cooperación regional contra el narcotráfico, después de que Estados Unidos incorporara a distintas organizaciones mexicanas a sus mecanismos de designación y sanciones vinculados con el terrorismo y el crimen organizado. Costa Rica busca reforzar la prevención, investigación y persecución de actividades relacionadas con estas estructuras, particularmente en materia de financiamiento, apoyo logístico y operaciones transnacionales.
