El Gobierno de Costa Rica fortaleció, a partir del 7 de julio de 2026, las acciones de seguridad en sus instalaciones portuarias como parte de una estrategia para prevenir el tráfico internacional de mercancías ilícitas y reforzar la protección de la cadena logística. La medida se desarrolla en un contexto de modernización de la infraestructura portuaria y de coordinación con las autoridades de seguridad del país.
La decisión coincide con el impulso de nuevos procesos de modernización en Puerto Caldera, donde el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) confirmó avances administrativos relacionados con la concesión de la terminal y reiteró que la seguridad constituye uno de los ejes prioritarios para la operación portuaria.
Los controles contemplan verificaciones de acceso para vehículos y conductores, inspecciones de cabinas, revisiones aleatorias de unidades de transporte, comprobación de marchamos y revisiones de contenedores, medidas que forman parte de los protocolos establecidos bajo el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). Estas acciones se coordinan con el Ministerio de Seguridad Pública y otras autoridades competentes.
Las autoridades costarricenses han señalado que el fortalecimiento de la vigilancia busca reducir oportunidades para que organizaciones criminales utilicen las terminales marítimas como punto de tránsito de cargamentos ilícitos con destino a mercados internacionales. En los últimos años, diversos decomisos de cocaína en contenedores han evidenciado la importancia estratégica de los puertos del país dentro de las rutas del narcotráfico hacia Europa y Norteamérica.
Costa Rica también mantiene mecanismos de cooperación internacional para combatir el tráfico marítimo ilícito. Entre ellos figura la actualización de acuerdos con Estados Unidos para fortalecer el patrullaje conjunto, ampliar las capacidades de vigilancia y mejorar la detección de actividades relacionadas con el crimen organizado en aguas del Pacífico y el Caribe.
Con estas acciones, las autoridades buscan mantener la continuidad de las operaciones comerciales sin afectar el flujo de mercancías, al tiempo que incrementan los estándares de seguridad en los principales puertos del país mediante procedimientos alineados con la normativa internacional de protección portuaria.
