El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra una red señalada por participar en operaciones de “huachicol fiscal” vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción dirigida a interrumpir esquemas de contrabando de combustibles y lavado de recursos entre México y territorio estadounidense. La medida forma parte de los esfuerzos de Washington para afectar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
La decisión fue dada a conocer por autoridades estadounidenses, que identificaron a empresas, operadores y estructuras comerciales presuntamente involucradas en la importación y exportación irregular de hidrocarburos. De acuerdo con la información oficial, la red habría utilizado mecanismos de facturación y clasificación aduanera para ocultar el origen y destino de combustibles transportados a través de la frontera.
Entre los elementos investigados destacan operaciones relacionadas con el denominado “huachicol fiscal”, una modalidad que consiste en evadir impuestos y controles regulatorios mediante declaraciones falsas sobre el tipo de producto transportado o su valor comercial. Las autoridades sostienen que estos esquemas permiten generar ganancias que posteriormente pueden ser utilizadas para financiar actividades ilícitas.
Las sanciones contemplan el bloqueo de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense, así como restricciones para realizar transacciones con personas físicas o morales incluidas en la lista de entidades sancionadas. El objetivo es limitar el acceso de la red al sistema financiero internacional y reducir su capacidad operativa.
La investigación también apunta a conexiones entre operadores logísticos, empresas fachada y corredores comerciales utilizados para movilizar combustibles entre ambos países. Según las autoridades, estas actividades habrían permitido ocultar movimientos financieros y comerciales relacionados con el tráfico ilícito de hidrocarburos.
El anuncio se suma a una serie de acciones emprendidas por Estados Unidos contra estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales mexicanas. En los últimos años, las autoridades estadounidenses han ampliado el uso de sanciones económicas como herramienta para afectar redes de lavado de dinero, tráfico de drogas, contrabando y otros mercados ilícitos vinculados al crimen organizado.
