La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente de investigación contra el periodista Carlos Loret de Mola, luego de la difusión de información relacionada con el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo Nizanda–Chivela, en Oaxaca, que dejó un saldo de al menos 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas.
De acuerdo con fuentes federales, el expediente se inició tras la publicación de reportajes y comentarios del comunicador en los que se cuestionan las condiciones de operación, supervisión y seguridad del proyecto ferroviario, así como la actuación de autoridades responsables antes y después del siniestro. La indagatoria no ha sido judicializada y, hasta el momento, no existe imputación formal en contra del periodista.
La FGR señaló que el procedimiento se enmarca en la revisión de posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de la difusión de información sensible, relacionada con una investigación en curso sobre el accidente ferroviario. No obstante, el organismo aclaró que el expediente se encuentra en fase preliminar y que se analiza si los contenidos difundidos vulneraron disposiciones legales vigentes.
El caso ha generado reacciones inmediatas en el ámbito periodístico y político, donde organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido sobre el riesgo de que este tipo de acciones puedan interpretarse como presión institucional contra el ejercicio informativo, especialmente en contextos de alto impacto social como el descarrilamiento del tren transístmico.
Por su parte, Carlos Loret de Mola sostuvo que su trabajo se ha limitado a documentar hechos de interés público, sustentados en fuentes abiertas y testimonios oficiales, y afirmó que la apertura del expediente representa un intento por desincentivar la cobertura crítica de los megaproyectos federales.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico, considerado una de las obras estratégicas del actual modelo de desarrollo del país, se encuentra bajo investigación de autoridades federales, luego de que peritajes preliminares apuntaran a fallas operativas y posibles omisiones humanas. En paralelo, víctimas y familiares continúan exigiendo justicia, transparencia y reparación integral del daño.
Mientras avanzan las indagatorias técnicas y legales sobre el accidente, el expediente contra el periodista ha reavivado el debate nacional sobre los límites entre la investigación penal del Estado y la libertad de prensa, en un contexto marcado por la exigencia social de rendición de cuentas tras una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años.
