Plus Ultra y Venezuela: cómo fondos vinculados a Caracas entran en la mira por blanqueo.

La investigación por presunto blanqueo de capitales que salpica a la aerolínea Plus Ultra ha puesto nuevamente el foco en fondos vinculados a Venezuela y movimientos financieros internacionales. Un juez de Madrid dejó en libertad provisional, con medidas cautelares, a cuatro detenidos en el marco de dicha investigación, entre ellos el propietario de la compañía, Julio Martínez, y el consejero delegado, Roberto Rosell.

Según la Fiscalía Anticorrupción, la causa parte de una denuncia que recibió información de Francia y Suiza sobre una organización criminal europea supuestamente dedicada a lavar dinero procedente de Venezuela, que habría utilizado la aerolínea como vehículo financiero.

El eje de la pesquisa gira en torno a los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió en 2021 como rescate público por parte del Gobierno español, una ayuda polémica desde su aprobación durante la pandemia. Los fiscales consideran que parte de esos fondos públicos podrían haber sido usados para cubrir operaciones relacionadas con capitales de origen venezolano a través de circuitos financieros en Francia, Suiza y España.

La acusación apunta a que los recursos vinculados a la malversación en Venezuela -como los asociados a los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción y a la venta de oro venezolano- pudieron haber sido integrados en el sistema financiero europeo mediante préstamos y transferencias gestionadas con la colaboración de sociedades pantalla, algunas de ellas relacionadas con directivos y socios de Plus Ultra.

Fuentes judiciales señalan que la red que se investiga habría desviado fondos de origen ilícito desde Venezuela hacia cuentas en Panamá y Europa, utilizando a la aerolínea para blanquear esos recursos mediante préstamos que se devolvían rápidamente tras la inyección de dinero público español. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y continúa abierta, con medidas cautelares como la retirada de pasaportes y la obligación de comparecer semanalmente ante las autoridades judiciales para los implicados.

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