Un tribunal de Jalisco declaró culpables de homicidio y desaparición a los 10 hombres arrestados en septiembre de 2024 dentro del rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Los jueces impusieron una pena de 141 años de cárcel y el pago de 1.3 millones de pesos, luego de que las autoridades los encontraran en el sitio junto a dos personas privadas de la libertad y el cuerpo de un hombre.
La investigación se remonta al 18 de septiembre de 2024, cuando una llamada anónima movilizó a la Guardia Nacional al predio. Tras un enfrentamiento, los agentes ingresaron y aseguraron a los sospechosos, además de diversas evidencias que fueron entregadas a la Fiscalía estatal.
Este episodio reveló que las autoridades ya habían estado en el rancho que, meses después, colectivos identificaron como un punto de operación y presunto reclutamiento forzado ligado a la delincuencia organizada. También expuso fallas señaladas por la Fiscalía General de la República: falta de inspecciones, de análisis de indicios y de atención a posibles víctimas y testigos.
Seis meses más tarde, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al lugar -entonces abandonado- y encontró más de 1,300 objetos personales, incluidos zapatos, ropa y maletas, además de indicios que generaron preocupación entre familiares de personas desaparecidas. Esto atrajo a grupos de búsqueda de todo el país.
El caso impulsó que el gobierno federal anunciara nuevas medidas de búsqueda y modificara la Ley de Desaparición, aunque organizaciones civiles han expresado su rechazo a la reforma. Mientras tanto, autoridades federales han reconocido que el rancho operó como centro de reclutamiento entre 2021 y 2024, pero niegan que existan pruebas concluyentes de que fuera utilizado para la cremación de restos humanos.
